El Gobierno publicó el Decreto de Urgencia N° 014-2020 que reconoce el derecho de los servidores públicos a realizar negociaciones colectivas en materia económica con las entidades en las que laboran, respetando el equilibrio presupuestal. Según la norma, el ámbito de aplicación incluye a las entidades y empresas públicas.

“Por primera vez ha quedado constituido el marco legal de la negociación colectiva en materia económica a nivel de los trabajadores del sector público. El Decreto de Urgencia ordena el proceso de la negociación colectiva y, a la vez, preserva el balance presupuestal de cada entidad”, señaló el presidente ejecutivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), Juan José Martínez.

Las materias de negociación colectiva permitidas, según el Decreto de Urgencia, son las condiciones económicas, las condiciones laborales no económicas, así como el incremento de ingresos sujeto al cumplimiento de metas de productividad.

A fin de ordenar y transparentar los procesos de negociaciones colectivas, el Decreto de Urgencia establece tres niveles para la negociación:

“La división de estos tres niveles de negociación se explica porque se trata de grupos de trabajadores de diferente naturaleza, para lo cual se requiere un tipo de negociación específica para cada uno de ellos”, explicó Martínez.

El Decreto de Urgencia establece que una vez presentado un pliego de reclamos, este se envía a Servir y a las entidades del Estado involucradas. Posteriormente, pasa a una etapa de evaluación que consiste en un Informe Económico Financiero que elaborará el Ministerio de Economía y Finanzas, que valorizará las peticiones, la situación económica financiera del sector público y el máximo negociable, de tal manera que se mantenga el equilibrio presupuestal del país.

Además, se creará en Servir el Registro Nacional de Árbitros de Negociaciones Colectivas. Según el Decreto de Urgencia, cada una de las partes de un proceso de negociación colectiva designará a un miembro del Tribunal Arbitral, y esos dos miembros seleccionados elegirán al presidente de dicho tribunal.

El proceso de la negociación colectiva pasará finalmente a formar parte del proyecto de Ley de Presupuesto Público que evaluará el Congreso de la República.

El Decreto de Urgencia también considera los casos de convenios colectivos o laudos arbitrales anteriores, los cuales mantienen su vigencia, pero deben estar registrados en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP).

En cuanto a los convenios colectivos o laudos arbitrales en curso, estos deberán adecuarse a lo establecido en el Decreto de Urgencia publicado hoy.

Lima, 23 de enero del 2020

Subjefatura de Comunicación e Imagen Institucional